Con los nuevos juicios y al cumplir sus condenas, los prisioneros políticos luego de tantos años (dos décadas, más de dos generaciones) poco a poco fueron saliendo en libertad; sin embargo, en el caso de tres prisioneros en particular, Osmán Morote (70 años); Margot Liendo Gil (66) y Victoria Trujillo (55), debido a la política represiva del Estado llevada adelante por el gobierno de derecha de Ollanta Humala, presionado por la ultraderecha, se les mantiene en prisión pese a que ya cumplieron la sentencia de 25 años el 2013, montando absurdos nuevos juicios para impedir su libertad. Ante la falta de elementos probatorios sobre los hechos imputados, el Poder Judicial pretende basarse en montajes periodísticos, donde se recurre a teatralizar los supuestos hechos, acompañados de una serie de imprecisiones en tiempo, lugar e identidad de los entrevistados y en lo cual tampoco se les incrimina. Una vez más se evidencia el claro objetivo de este proceso que es mantener por siempre presos a los dirigentes del PCP.
Los datos de la Defensoría del Pueblo, señalan que desde 1980 en que comenzó la guerra interna en el Perú, llegaron a ser 22000 prisioneros políticos. Actualmente, de esa época, quedan alrededor de 300. En ese proceso, las condiciones a las que fueron sometidos la gran mayoría de prisioneros, han sido de negación constante de sus derechos fundamentales, empeorando tal situación cuando el Estado peruano cometió los genocidios de 1985, 1986 y 1992; luego de los mismos, agravaba aún más sus condiciones de vida. Siendo la más cruel la de la década de los 90, específicamente después del genocidio del Penal de Canto Grande (1992), donde a raíz del autogolpe del gobierno de Alberto Fujimori, se implementaron leyes draconianas, la 25475 y sus derivados.
Estos tres prisioneros son parte de los sobrevivientes de aquella matanza, fueron heridos y llevados en tal circunstancia a otros penales, Chorrillos (Lima) y Yanamayo (Puno). Dicha Ley profundizó aún más el aislamiento de los prisioneros políticos, su incomunicación, dispersión en los distintos penales del país, alejados de sus lugares de origen luego de enfrentar juicios sumarísimos en tribunales militares con jueces sin rostro, donde daban monstruosas sentencias que iban desde los 20 años hasta la famosa cadena perpetua, repartidas cual si fuera una estampita; con la prohibición y luego restricción de la visita familiar (solo familiares directos), sin derecho a la educación, al trabajo y hasta la propia salud. Situación que se vivió con rigurosidad hasta finales del año 2000, pero que retoman cada cierto tiempo de acuerdo a sus intereses de clase. El 2003 fueron derogadas varias de esas leyes derivadas de la 25475 por la lucha conjunta de prisioneros y sus familiares, aunque no la ley madre que sigue vigente pese a que la guerra terminó hace más de 23 años. El Estado peruano, en su afán de usar esta Legislación antisubversiva, como “arma de guerra contrasubversiva” la mantiene y fortalece más para reprimir a los que se levantaron en armas y para contener las protestas populares, cada vez más crecientes.
Pese a las condiciones adversas y a su salud muy resquebrajada por las condiciones infrahumanas a los que fueron sometidos, Osmán se dedica a escribir poemas, tiene en su haber varios poemarios, entre ellos “Ya no soy, simplemente somos”. Margot, es pintora, aprendió a pintar en aislamiento, poco a poco llegó a hacer cuadros preciosos. En el caso de Victoria, es cantante, con su voz melodiosa participa cada que vez que lo permiten en las actividades artísticas del Penal; así también se dedica a la atención de salud. Al salir quiere abocarse a la geriatría, pues es técnica de enfermería.
Desde 1993, Osmán Morote, Margot Liendo y Vitoria Trujillo, propugnan la posición de que se resuelvan los problemas derivados de la guerra a través de una solución política que lleve a una amnistía general y reconciliación nacional para entrar a otra etapa de nuestra historia pues es lo que necesita el país, la sociedad, sin odios ni venganzas. Sin embargo, el Estado peruano bajo el gobierno de Ollanta Humala, a diferencia de Colombia, cuyo gobierno está por firmar un acuerdo con las FARC, se niega a esa solución que redundaría necesariamente en beneficio de la sociedad peruana.
¡LIBERTAD PARA OSMÁN, MARGOT Y VICTORIA!
Noviembre del 2015
Comite Nacional de Prisioneros Políticos y Prisioneros de Guerra
