¿UN REPORTAJE PERIODÍSTICO PUEDE CONSTITUIR UNA PRUEBA JUDICIAL?

El martes 14 de enero del 2014 se llevó a cabo la diligencia de visualización de un reportaje periodístico del programa “Cuarto Poder” del canal 4 – América Televisión, presentado como supuesta prueba por la Fiscalía, en el caso Soras, Exp. 00013-2013.

En la diligencia los abogados defensores formularon oposición, rechazando que ese video propalado por el canal 4, propiedad del grupo El Comercio, sea incorporado como medio de prueba al proceso, por ser una prueba prohibida, porque se trata de un montaje periodístico donde se intercala la teatralización y simulación  de supuestos hechos con algunos testimonios supuestamente de familiares pues no se precisan sus nombres, ni se menciona el lugar ni la fecha en que los periodistas se acercaron a entrevistar a los campesinos y pobladores visualizados, pues sólo aparece la fecha de emisión del reportaje, el 4 de noviembre 2012; por lo tanto, no hay certeza en el tiempo, ni en el lugar, ni en la identidad de las personas que aparecen en las imágenes. Además que, en ninguna parte del video se visualiza a alguien que incrimine a alguno de los procesados. Además que en el video se confunden hechos ficticios con supuestos hechos reales y en otros pasajes se observa personas que hablan pero no se les pone el audio, lo que podría hacer pensar que dichos audios habrían sido manipulados pues no podrían beneficiar a la defensa; todo ello viciaría la prueba, pero lo principal es que este video es una prueba impertinente por lo cual ha sido muy acertada la contundente oposición de la defensa de los procesados, quienes resaltaron los fines políticos y mediáticos con que se hizo dicho reportaje periodístico para causar conmoción en la opinión pública y que pretende ser introducido como prueba por la Fiscalía ante la carencia de verdaderas pruebas pues el caso Soras carece de fundamento legal y jurídico.

Ante esta contundente respuesta, a la Fiscalía solo le quedó señalar que lo había introducido por el pasaje en el cual unos pobladores aseguran que en el año 1983 solicitaron al Presidente de la República de ese entonces, arquitecto Fernando Belaúnde Terry que pusieran una base de los sinchis en su pueblo, planteando que había tomado dicho reportaje como “noticia criminal”, lo cual es falso porque la denuncia del caso Soras es del año 2007, hecha por una ONG de Derechos Humanos (ojo, antes del 4 de noviembre 2012) y fue el 18 de setiembre 2012 que el procurador Julio Galindo, siguiendo los mandatos del Premier Jiménez Mayor, pidió “se formalice denuncia penal contra los integrantes del Comité Central..” para incorporar como acusados a los dirigentes del PCP con el objetivo de desprestigiar al PCP y a la guerra popular que este dirigió y de impedir la libertad de Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo Gil, quienes debían salir el 11 de junio del 2013.

El Estado a través de la Fiscalía y la Procuraduría pretendieron pasar a un reportaje periodístico hecho con fines mediáticos y políticos, como prueba judicial, pero lo que quedó evidenciado fue el verdadero objetivo de desenvolver el caso Soras.

18 de enero 2014