domingo, 21 de junio de 2015

DEMANDA Y HABEAS CORPUS CORRECTIVO

Señor JULIO MAGAN ZEVALLOS
Presidente del INPE
Lima.

Acudimos a Ud. en su condición de responsable de la política penitenciaria del gobierno, cuya característica medular hoy es una regresión en el régimen penitenciario, inmerso en medio de la agudización de contradicciones en el seno del Estado Peruano.

El objeto de la presente es denunciar la ilegal permanencia nuestra en éste penal y la vulneración de nuestros derechos fundamentales. Demandamos a Ud. se sirva disponer lo pertinente para nuestro traslado a un E.P. de régimen cerrado ordinario, tal como nos corresponde, así como el respeto a nuestros derechos fundamentales y constitucionales, llevamos más de 10 años en éste penal y 4 años clasificados en régimen ordinario.

Como es de dominio suyo, la Constitución Política del Perú, reconoce expresamente en su art. 139 inc. 22 “El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”; el C.E.P. (D. Lg. 654, del 02/08/1999) norma esta disposición constitucional y precisa en su título preliminar, art. IV “El tratamientop penitenciario se realiza mediante el sistema progresivo”. Todo esto también es consagrado en la “Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos” Resoluciones de las Naciones Unidas Nº 663C (XXIV de 31-07-1957) y Nº 2076 (LXII de 13-05-1977) las cuales son vinculantes y tienen fuerza de ley al incorporarlas el Estado Peruano a la legislación vigente. Así mismo, el Reglamento del C.E.P. (D.S. Nº 015-2003-JUS) en su art. 3 y 4 establece “el interno forma parte de la sociedad y goza de sus derechos con las limitaciones que impone la ley”; y en el art. 5 “el sistema progresivo del tratamiento penitenciario”.

La realidad de los hechos cotidianos es contundente, irrefutable y comprueba como es cuestionada, restringida o negada por el gobierno. A nosotros la legislación de excepción aún vigente, propia de la guerra interna de los 80s y 90s, nos consideró “enemigos del Estado” y como a tales se nos trató y sigue tratando, nos niegan la condición de ciudadanos, así como nuestros derechos fundamentales, nos aplican el “derecho penal del enemigo” en la ejecución penal, de ahí los conceptos de “inoculizar”, “aislar”, “someter a la muerte civil”, difundidos por Ministros de Estado y predecesores suyos en el largo, en los medios de comunicación. Al cuestionar la trología constitucional “reeducación, rehabilitación y reincorporación”, la convierten en invocación formal, pues, todo lo someten, subordinan y justifican con las “seguridad penitenciaria”, la cual para el Gobierno es indesligable de la “seguridad penitenciaria y seguridad del Estado”. El fondo del asunto es impedir nuestro derecho a la libertad que nos corresponde cumplida la sentencia impuesta, manteniéndonos de por vida presos, apelando a argucias y leguleyadas judiciales.

Nosotros en estos ya más de 10 años hemos cumplido con la progresión del régimen cerrado especial desde la etapa “A” al régimen cerrado ordinario mínimo. Son más de 6 años que se nos niega la visita de amigos, con argumentos pueriles y ridículos: “son correas de transmisión”, “los amigos pasan, en complicidad con malos elementos del INPE, todo lo ilegal encontrado en requizas”. Se nos niega el uso de cabinas telefónicas públicas controladas por la autoridad, como existen en todos los penales ordinarios. Hoy, hablan de un “régimen cerrado ordinario especial para Uds.”

Hacen tabla rasa y violan sus propios criterios de clasificación y separación por categorías, mezclan adrede todo tipo de internos por diversos delitos, a bandas rivales, generando conflictos y reyertas, con saldo de heridos y muerto; en nuestro caso, en los pabellones en que nos clasificaron las autoridades, incluyeron arrepentidos, agentes de los servicios de inteligencia de las FFAA, agentes policiales, con el vano afán de provocarnos, todo esto es expresión de que persiste la reaccionaria y siniestra política de enfrentar presos contra presos.

El tratamiento penitenciario es formal, su carácter obligatorio es usado como medio de cohersión, chantaje y amenaza real de regresión. Las evaluaciones semestrales, en el caso nuestro llevan más de un año de retraso, recién en Mayo 2015, regularizan la evaluación correspondiente a Agosto del 2014. Otro ejemplo de incumpliento de sus normas en perjuicio de los internos.

Por disposición de su despacho licitaron una modificación de celdas, cuestionando la normatividad internacional y nacional al respecto. El E.P. Ancón I, fue diseñado para albergar a 1.200 internos, hoy somos más de 2 mil, los pabellones con capacidad para 108 internos y dos pabellones para 54 cada uno; hoy, rebasan los 200 y hasta 300 internos, en el caso de máxima “A”. La modificación ha implicado destruir las dos camas por ambiente y reemplazarlas por tres nichos, con una separación de 75 cms. Entre cada uno, nadie puede sentarse en ellos. Es una burla a todos los reglamentos que norman el espacio, luz natural, ventilación, luz eléctrica, agua, desagüe, etc. De las celdas. A esto se suma la cruel tortura de hacinar entre 4 a 6 internos por celda; y, de obligar a los internos a pintarlas de color blanco, con su propio peculio, hoy todas las reparaciones las pagamos los internos, con sobre precios a funcionarios del INPE, encargados.

Esta modificación la realizaron con los propios internos dentro de los pabellones de “A” y 14 internos de ordinaria, entre los cuales nos encontramos los suscritos, en el pabellón 3. Esta práctica inhumana provocó serios problemas de salud, mayores conflictos y peleas por el control de celdas y nichos.
El hacinamiento, el INPE, lo ha convertido en una real bomba de tiempo. Pretenden mitigarla haciéndose de la vista gorda y fomentándose todo tipo de actividades ilegales e ilícitas, la corrupción campea como complemento necesario e inherente a estos regímenes especiales e inconstitucionales.
Tenga presente que el gobierno del Sr. Obama da pasos para despenalizar y liberar más de un millón de presos en EEUU, lo propio hacen en la Unión Europea y países de América Latina. El gobierno del Sr. Humala, a contracorriente, elimina beneficios penitenciarios, aumenta las penas para más delitos, convirtiendo los penales en depósitos de presos hacinados sin perspectiva de libertad.

En cuanto a visita familiar e íntima interpenales, normada por ley y refrendada por sentencia del T. Constitucional del 2009, la niegan nuevamente en estos últimos años, en el caso de uno de los firmantes.

DEMANDAMOS A Ud. el respeto a nuestros derechos y el traslado a un penal ordinario, por todo lo expuesto.

Atentamente

MOROTE BARRIONUEVO Osmán
COX BEUZEVILLE Edmundo

Ancón, 18 de mayo del 2015





viernes, 19 de junio de 2015

Difundimos documento del Partido Comunista del Perú con motivo del 19 de junio, Día de la Heroicidad

                                      ¡Día de la Heroicidad!

                               30 Aniversario

                          ¡Camaradas y compañeros caídos, Presente!

         A un año del Treinta aniversario del Día de la Heroicidad, el Partido Comunista del Perú  rinde solemne homenaje a los dirigentes, militantes, combatientes e hijos de las masas: 300 prisioneros de guerra de las Luminosas Trincheras de Combate de El Frontón, Lurigancho y Callao que dieron su vida por el Partido y la Revolución, destacando a los camaradas Alejandro y José, dirigentes históricos del Comité Central.

         La combatividad desplegada por los prisioneros de guerra el 19 de junio del 86 en la resistencia feroz al genocidio, derrochando heroicidad, valor y coraje, constituye un inolvidable hito de la guerra popular y parte indesligable de la misma que la historia guarda como demostración ejemplar de los hombres heroicos que la guerra popular generó en campo y ciudad en todo el país; miles de hombres y mujeres de la clase y el pueblo que combatieron con entrega total, guiados por la ideología del proletariado el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, dirigidos por el Partido Comunista del Perú , jefaturado por el Presidente Gonzalo, plasmando la guerra popular como la más grande guerra desenvuelta por el pueblo peruano para conquistar el poder y transformar nuestra patria.

        El Partido Comunista del Perú, inmediatamente ocurridos los hechos denunció y desenmascaró  la responsabilidad del Estado peruano, sus fuerzas armadas y fuerzas policiales y del gobierno aprista que lo conducía de este vil y execrable genocidio de exterminio, parte de su política genocida en la guerra contrasubversiva; y a la vez, rechazó la artera e infame imputación del revolucionarismo burgués por responsabilizar al Partido de haber provocado la muerte de nuestros camaradas y combatientes, infamia que hoy repica el revisionismo escisionista virtual.

        La guerra popular iniciada el 17 de mayo de 1980 y desarrollada hasta entrar al equilibrio estratégico, no pudo seguir desarrollándose por un problema de dirección política proletaria derivado de la detención de la Jefatura y sus principales dirigentes en setiembre del 92. La guerra entró a su término objetivo y el Partido vivió un giro estratégico. Desde la Prisión militar de la Base Naval el Presidente Gonzalo tomó la iniciativa política de pedir conversaciones para lograr una Acuerdo de Paz, el cual no se  concretó por la  oposición del gobierno y de la nueva línea oportunista de derecha que usurpó la dirección del Partido. La Nueva Gran Estrategia de pasar de lucha política con armas a lucha política sin armas fue asumida por la gran mayoría del Partido produciéndose la escisión de 1993, de la cual derivó el grupo armado del VRAEM. Nueva Gran Estrategia dentro de la cual seguimos bregando por una solución política, amnistía general y reconciliación nacional que es lo que corresponde al haber terminado la guerra hace 23 años en el Perú. Es decir, deben tratarse los problemas de la libertad de los prisioneros, la situación de los desaparecidos, el retorno de los exiliados, el fin de la exclusión discriminatoria a los liberados, como también el término del uso político del tema del llamado terrorismo para negar derechos democráticos al pueblo en general.

        Si esa es la propuesta desde 1992 ¿Cuál ha sido la respuesta? El Estado optó por una respuesta militar concretada en una política represiva de matanza para terminar lo poco que quedaba de acción armada; juicios militares, con jueces sin rostro y sentencias draconianas para encarcelar a miles de prisioneros, hijos del pueblo; desatendiéndose de la situación de los desaparecidos y de los asesinados por ejecuciones sumarias: ¡miles de hijos del pueblo principalmente campesinos pobres!; cientos de exiliados que no pueden regresar; y últimamente la campaña de persecución política  contra todos los involucrados presos o en libertad, los comunistas, los revolucionarios, los marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo, los abogados, los familiares, los amigos, política represiva extendida a la lucha popular y a todo aquél que discrepe de su sistema en abierta criminalización de la lucha revolucionaria y la lucha popular, impidiéndose además hoy la libertad de quienes han cumplido su sentencia abriendo nuevos juicios a los ya prisioneros con 23 años en cárcel, por hechos prescritos o inventados. Tratándose de los desaparecidos el Estado ha optado por una “estrategia de judicialización”, “que limita la búsqueda” como lo ha reconocido el propio grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas e involuntarias, del 10 de junio 2015. El mismo grupo dice sobre la reconciliación “no se ha promovido un proceso nacional en pro de la reconciliación”, lo que nosotros comprendemos es una necesidad para terminar un momento dramático vivido por nuestra sociedad en el siglo pasado y que el Estado oponiéndose a la amnistía general y a la solución política que llevarán a la reconciliación pendiente, no la busca ni la quiere.

         Treinta años después, decimos, ¡Camaradas y compañeros caídos, Presente! Nuestros héroes, héroes del pueblo tienen el derecho a ser siempre recordados y a que su memoria quede imperecedera plasmada en el Monumento a los héroes del pueblo ¡No a la persecución a la memoria del pueblo!

        Hoy que en el mundo se vive una antesala de guerra imperialista por un nuevo reparto del mundo como medio de resolver la lenta y larga recuperación de la crisis económica mundial que agudiza las contradicciones interimperialistas; y que en el país, el gobierno de derecha de Ollanta Humala prosigue su plan de nueva acumulación originaria en medio de una crisis económica, política y social que expresan la contradicción pueblo-capitalismo en el contexto de elecciones generales y creciente lucha popular en contra de la explotación capitalista y el dominio imperialista que pretenden imponer a sangre y fuego mediante estados de emergencia como en Islay, la generalizada restricción de derechos poniendo en riesgo la estabilidad de su propio sistema ”democrático”. Lo que corresponde a la clase, al pueblo, a los progresistas y verdaderos demócratas es oponerse a esos planes reaccionarios y luchar por la restitución de beneficios, conquistas, derechos y libertades conculcados para que se desenvuelva la democratización que la sociedad peruana necesita y demanda; y en particular, a los comunistas y revolucionarios: Seguir el luminoso ejemplo de los hijos del Partido y del pueblo, luchando incansablemente por poner al mando el marxismo-leninismo-maoísmo como la ideología del proletariado en función de oponer la Revolución a la guerra imperialista, persistiendo en la lucha por la Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional. 


                         ¡Honor y gloria a los héroes caídos!

                          ¡Por el Monumento a los héroes del pueblo!

                          ¡Derecho a la memoria del pueblo!

Perú, 19 de junio del 2015       
                                                                   Comité Central

                                            Partido Comunista del Perú