miércoles, 25 de noviembre de 2015

¡SU LIBERTAD ES UN DERECHO!


Con los nuevos juicios y al cumplir sus condenas, los prisioneros políticos luego de tantos años (dos décadas, más de dos generaciones) poco a poco fueron saliendo en libertad; sin embargo, en el caso de tres prisioneros en particular, Osmán Morote (70 años); Margot Liendo Gil (66) y Victoria Trujillo (55), debido a la política represiva del Estado llevada adelante por el gobierno de derecha de Ollanta Humala, presionado por la ultraderecha, se les mantiene en prisión pese a que ya cumplieron la sentencia de 25 años el 2013, montando absurdos nuevos juicios para impedir su libertad. Ante la falta de elementos probatorios sobre los hechos imputados, el Poder Judicial pretende basarse en montajes periodísticos, donde se recurre a teatralizar los supuestos hechos, acompañados de una serie de imprecisiones en tiempo, lugar e identidad de los entrevistados y en lo cual tampoco se les incrimina. Una vez más se evidencia el claro objetivo de este proceso que es mantener por siempre presos a los dirigentes del PCP.

Los datos de la Defensoría del Pueblo, señalan que desde 1980 en que comenzó la guerra interna en el Perú, llegaron a ser 22000 prisioneros políticos. Actualmente, de esa época, quedan alrededor de 300. En ese proceso, las condiciones a las que fueron sometidos la gran mayoría de prisioneros, han sido de negación constante de sus derechos fundamentales, empeorando tal situación cuando el Estado peruano cometió los genocidios de 1985, 1986 y 1992; luego de los mismos, agravaba aún más sus condiciones de vida. Siendo la más cruel la de la década de los 90, específicamente después del genocidio del Penal de Canto Grande (1992), donde a raíz del autogolpe del gobierno de Alberto Fujimori, se implementaron leyes draconianas, la 25475 y sus derivados.

Estos tres prisioneros son parte de los sobrevivientes de aquella matanza, fueron heridos y llevados en tal circunstancia a otros penales, Chorrillos (Lima) y Yanamayo (Puno). Dicha Ley profundizó aún más el aislamiento de los prisioneros políticos, su incomunicación, dispersión en los distintos penales del país, alejados de sus lugares de origen luego de enfrentar juicios sumarísimos en tribunales militares con jueces sin rostro, donde daban monstruosas sentencias que iban desde los 20 años hasta la famosa cadena perpetua, repartidas cual si fuera una estampita; con la prohibición y luego restricción de la visita familiar (solo familiares directos), sin derecho a la educación, al trabajo y hasta la propia salud. Situación que se vivió con rigurosidad hasta finales del año 2000, pero que retoman cada cierto tiempo de acuerdo a sus intereses de clase. El 2003 fueron derogadas varias de esas leyes derivadas de la 25475 por la lucha conjunta de prisioneros y sus familiares, aunque no la ley madre que sigue vigente pese a que la guerra terminó hace más de 23 años. El Estado peruano, en su afán de usar esta Legislación antisubversiva, como “arma de guerra contrasubversiva” la mantiene y fortalece más para reprimir a los que se levantaron en armas y para contener las protestas populares, cada vez más crecientes.

Pese a las condiciones adversas y a su salud muy resquebrajada por las condiciones infrahumanas a los que fueron sometidos, Osmán se dedica a escribir poemas, tiene en su haber varios poemarios, entre ellos “Ya no soy, simplemente somos”. Margot, es pintora, aprendió a pintar en aislamiento, poco a poco llegó a hacer cuadros preciosos. En el caso de Victoria, es cantante, con su voz melodiosa participa cada que vez que lo permiten en las actividades artísticas del Penal; así también se dedica a la atención de salud. Al salir quiere abocarse a la geriatría, pues es técnica de enfermería.

Desde 1993, Osmán Morote, Margot Liendo y Vitoria Trujillo, propugnan la posición de que se resuelvan los problemas derivados de la guerra a través de una solución política que lleve a una amnistía general y reconciliación nacional para entrar a otra etapa de nuestra historia pues es lo que necesita el país, la sociedad, sin odios ni venganzas. Sin embargo, el Estado peruano bajo el gobierno de Ollanta Humala, a diferencia de Colombia, cuyo gobierno está por firmar un acuerdo con las FARC, se niega a esa solución que redundaría necesariamente en beneficio de la sociedad peruana.

¡LIBERTAD PARA OSMÁN, MARGOT Y VICTORIA!

Noviembre del 2015
Comite Nacional de Prisioneros Políticos y Prisioneros de Guerra

lunes, 2 de noviembre de 2015

¡LA LIBERTAD ES UN DERECHO! ¡NO A LA EXCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD Y DEROGATORIA DE LEYES LESIVAS! ¡CIERRE DEL PENAL MILITAR DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO!

¡LA LIBERTAD ES UN DERECHO!

¡NO A LA EXCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD Y DEROGATORIA DE LEYES LESIVAS!

¡CIERRE DEL PENAL MILITAR DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO!


El Comité Nacional de Prisioneros Políticos y Prisioneros de Guerra llama a la solidaridad de los pueblos de América Latina y el mundo con los prisioneros políticos del Perú frente a las medidas represivas y de persecución política que el Estado peruano aplica contra el pueblo y particularmente contra los presos políticos.

La situación de los 300 prisioneros políticos es de una actual regresión impuesta por el Estado. Luego de haber progresionado desde el 2003, se les vuelve a quitar derechos fundamentales, como la redención de la pena por estudio y trabajo, la negación del beneficio de liberación condicional, el regreso del aislamiento sobre todo de los exdirigentes, la  restricción de visitas familiares entre prisioneros (la negación de visita íntima), muy especialmente hacemos mención del último decreto que vuelve a regresionar el régimen penitenciario a los prisioneros políticos por estrictas razones políticas.

Desde el año 2013, fecha en que cumplieron la sentencia de 25 años, a tres prisioneros se les ha impedido la libertad, inventando nuevos hechos para nuevos procesos. Ellos son: el compañero Osmán Morote con 70 años de edad, la compañera Margot Liendo con 66 años de edad y la compañera Victoria Trujillo con 55 años de edad, los tres sobrevivientes del genocidio de Canto Grande de mayo 1992. Lo más grave es que este impedimento de libertad pretenden extenderlo a todos los prisioneros que el Estado y la reacción consideran “peligrosos”. Demandamos la libertad de nuestros tres compañeros. ¡La libertad es un derecho!

Rechazamos las maniobras estigmatizadoras del Estado y el gobierno ante la CIDH para deslegitimar las justas demandas hechas por los prisioneros contra la legislación antisubversiva cuyo carácter es Derecho Penal del enemigo, contra las torturas en las detenciones y violaciones a las prisioneras políticas, demandas que han sido admitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de ser estudiadas por ese organismo.

Denunciamos la situación de aislamiento e incomunicación absoluta del Dr. Abimael Guzmán Reinoso que desde hace 23 años le imponen en una base militar como es el Penal Militar de la Base Naval del Callao sin considerar su avanzada edad de 81 años ni sus problemas de salud, impidiendo la visita de amigos, historiadores o periodistas, incluso restringiendo a una vez por año el encuentro familiar con su esposa y la pretensión de anular su matrimonio para profundizar su aislamiento. Es el único caso en el cual se vienen negando los más elementales derechos, incluso estando recluido ilegalmente en una prisión militar. Exigimos ¡Cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao!
Por otro lado a los exprisioneros políticos se les ha impuesto leyes que les impiden trabajar en la administración pública, no obstante se les cobra reparación civil, se les aplica seguimiento sistemático y se ha montado continuas campañas de persecución política, negándoles el derecho a la libertad, opinión, organización, participación política e incluso el trabajo intelectual y artístico. Más aún en el Congreso acaban de aprobar la ley de muerte civil a quienes no hubieran pagado la reparación civil las cuales son impagables por exorbitantes (entre decenas de millones hasta 3,700 millones de soles).

En este año 2015 por facultades extraordinarias han promulgado antidemocráticos decretos legislativos tales como la ley de conspiración, la restricción del régimen de ejecución penal, ley de seguimiento y además la modificación de la ley electoral que incluye un artículo expreso que niega la participación política a los exprisioneros políticos.
Todo esto es una proscripción sin ley para excluir a los revolucionarios de la sociedad, mostrando claramente su carácter antidemocrático y contrario a la reciente tendencia en la región de resolver políticamente los problemas derivados de un proceso armado como ocurre hoy en Colombia entre el Estado y las FARC. La restitución de todos los derechos de los prisioneros políticos es una necesidad de la democratización que requiere la sociedad peruana.

Por todo ello, en esta campaña internacional por los prisioneros políticos, agitamos con firmeza nuestras consignas:

                                    ¡LA LIBERTAD ES UN DERECHO!

              ¡NO A LA EXCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD Y DEROGATORIA DE LEYES LESIVAS!

     ¡CIERRE DEL PENAL MILITAR DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO!
                                                              
                                                                                                Octubre 2015

                                                      Comité Nacional de Prisioneros Políticos
                                                      y Prisioneros de Guerra del Perú