17 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD DEL PRESO POLÍTICO

SOBRE EL LLAMADO PROCESO TARATA

Como parte de un plan político reaccionario urdido por el actual régimen, se arma nuevos procesos, con el objetivo de impedir libertades, llevar adelante nuevas campañas negras, pero además para manejar las propias divergencias reaccionarias.

La llamada “fundamentación” de la Fiscalía, contra quienes estamos en prisión, es burda y subjetiva. Busca ampararse imputando responsabilidad mediata, afirmando que el Congreso del PCP ratificó la condición de dirigentes a quienes ya estaban en prisión, y señala que ésa es la base y fundamento para que respondan por todo lo ocurriese en el país, y en este caso por el llamado caso Tarata, en la ciudad de Lima.

Tratemos esa argumentación absolutamente subjetiva:

1.- En el proceso judicial ya desenvuelto, sobre el llamado Caso Tarata, de las diversas pruebas actuadas, las declaraciones de los diversos encausados, no se deriva ni prueba que el CC del PCP dispusiera tal acción, sino que ocurrida se la criticó como un serio error, que había que corregir y no volver a repetir. Las responsabilidades específicas fueron señaladas en el juicio correspondiente, según se ha dicho y reconocido.

2.- En cuanto la responsabilidad personal:

Fui detenido en la noche del 11 de junio de 1988.

Torturado en la Dincote, como también mis coacusadas, me tuvieron que atender y hacer infiltraciones especialmente en los hombros, en el Hospital de Policía para entregarme en el Establecimiento Penitenciario de Canto Grande.

Fui aislado en un ambiente contiguo a la Alcaldía, donde permanecí varios meses, con la vigilancia armada de un efectivo policial por las noches, posteriormente fui trasladado al tercer piso del llamado Venusterio, ubicado fuera del área de los pabellones de internos, hasta fines del año 91.

Durante todos esos meses la única relación con los prisioneros acusados del llamado “terrorismo”, fue en la recepción de alimentos que me traían, y que se me entregaba bajo estricto control policial.

A fines del año 91 fui trasladado finalmente al pabellón 4B. Entonces empezó el tiempo de los procesos legales: durante varios meses fui conducido, casi todos los días, en un horario que empezaba entre 6 a 7 am hasta las 7 a 9 de la noche, al Palacio de Justicia, en el centro de Lima, no es inútil recordar que tras el primer juicio, en el que me absolvieron, mi abogado el Dr. Manuel Febres Flores, fue asesinado por el llamado comando Rodrigo Franco. Posterior -mente, en el segundo juicio, los aparatos de inteligencia atentaron gravemente contra mi abogado el Dr. Jorge Cartagena Vargas, dándole un disparo en la cabeza, y luego volándole el automóvil. Finalmente lo pusieron en prisión, hasta que falleció luego de grave enfermedad.

A comienzos de mayo del 92, a pesar de todos los esfuerzos hechos, incluso con la presencia de miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Cruz Roja Internacional, y de diversas organizaciones de familiares, instituciones de la Iglesia, etc., el plan urdido por el régimen del presidente Fujimori se puso en práctica. Desconociendo hasta haber firmado un Acta, de que no existía prueba alguna de planes de fuga, tenencia de armas, túneles, etc.

El 6 de mayo, por expresa disposición de Fujimori, la policía atacó a los dos pabellones, asesinó a 50 prisioneros y prisioneras, nos hirió de bala a muchos otros. Era evidente que buscaban aniquilamiento selectivo. Y en mi caso, fui salvado, cuando un grupo de policía me llevaba a la cocina para aniquilarme como a otros, por la circunstancial presencia del Director del Penal y la Fiscal, que hacían un reconocimiento y me identificaron.

A pesar de estar herido, en una celda frente a la Alcaidía, luego se me condujo a la llamada “tierra de nadie”, un arenal entre la muralla exterior del penal y el área de construcciones internas, donde permanecí dos días. Al tercer día los heridos de bala fuimos aislados en unas celdas contiguas al Tópico del Penal, donde se hizo un simulacro de revisión médica pero no se nos curó a pesar de nuestra exigencia. A las prisioneras heridas se las abandonó heridas en hospitales, y a las demás se las aisló en Chorrillos y Cachiche.

A inicios de junio se nos traslado a 83 de los varones a Lurigancho, en medio de dura golpiza y pillaje de algunas pertenencias. Y al día siguiente, por avión, se nos transportó de una forma brutal, por avión, a lo que supimos, tres meses después, era el recientemente habilitado penal denominado Yanamayo, en Puno.

Aislados en celdas unicelulares, tuvimos que enfrentar a problemas nuevos. Se nos negó atención médica en Hospital. Solo a reclamo asistente se nos entregó alcohol, agua oxigenada y un poco de gasa: ¡para heridas de bala en piernas, muslo, con pérdida grave de masa muscular! Obviamente se buscaba nuestro agravamiento y muerte. Más, nuestra voluntad de vivir primo, sostenido en el calor y camaradería, colectivo sustento que no decayó.

Desde el primer día se tuvo que enfrentar a problemas que se acumulaban: el colapso de todo el sistema de agua y desagüe. Estábamos tirados en colchonetas y frazadillas, casi desechas, que el Ejército, que empezó proporcionándonos alimentos, usaban para criar a sus perros. El balde de agua diaria que el personal policial transportaba en baldes, desde la poza ubicada en una esquina del patio, tenia un color rojizo, pues caía desde las calaminas pintadas del techo, a través de unas canaletas. Esa agua era depositada en un lavadero ubicado en un costado de la celda, sobre la letrina. Era agua que no se podía beber ni usar en el aseo personal.

Casi a dos meses de nuestro arribo, por la presión de nuestros familiares, pudieron ingresar las primeras personas que visitaban el lugar. La primera fue una joven delegada de la Cruz Roja Internacional, quien lloro al vernos tirados en los pisos las celdas. Gracias a esa institución pudimos conseguir cosas básicas y elementales, empezando por medicinas para curar nuestras heridas, pero además colchones, frazadas, tachos para agua, papel higiénico, utensilios para recibir alimentos, etc., etc. Monseñor Jesús Mateo Calderón, entonces Obispo de Puno, logró que abrieran mi celda para conversar con él, “como seres humanos”. El padre Marcos Degen, Capellán del Establecimiento Penal, nuestro gran amigo, nos apoyó inmensamente en la recuperación de los heridos, y contención a los abusos de los carceleros. Más, fueron duros los días que tuvimos que esperar para que ingresaran nuestras primeras visitas familiares, y otros más antes de que lográramos el retiro del infame sistema de locutorios para visitas, y el control militar primero y policial luego, que se empeñaban en amedrentar a nuestras visitas, ya estábamos a mediados de agosto del año 92.

Fue recién el año 93, a un año de nuestra llegada y hacinamiento en el penal de Yanamayo, Puno, que pudimos salir al Hospital de Puno, e increíblemente confirmar la gravedad de las lesiones, y la ubicación de las balas que aún mantenemos en nuestro cuerpo, todo lo que pudimos enfrentar y vencer, y no por bondad del Estado.

El 93 también fue el año de los juicios con Tribunales sin rostro y la impunidad completa del Estado y sus jueces para acumular cadenas perpetuas contra los que consideraba sus enemigos, sin derecho alguno. En la primera ocasión salimos unos 30 prisioneros y unas 4 horas después regresamos a nuestras celdas cargados de cadenas perpetuas unos y otros con penas de decenas de años, y ejerciendo nuestro derecho a repudiar a un sistema tan violatorio de la propia Constitución peruana. La Fiscalía entonces repetía alegremente el carácter “práctico y legal” de los jueces y juicios “sin rostro”.

Es preciso recordar que después de toda una intensa brega de los familiares y prisioneros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolvió determinando y sancionando la responsabilidad del Estado Peruano en el genocidio de Canto Grande de mayo 1992, y la obligación de hacer reparaciones a todos los afectados y víctimas que su acción generó, entre ellas a mi persona.

Fue unos de los oficiales del coronel Huamán Ascurra, quien en 1993, cuando yo permanecía ya seis meses en una celda de los sótanos del llamado Pentagonito, en Lima, me hizo la primera referencia sobre el lugar pero no el hecho, pues lo que yo sabía era: Tarata era capital de la provincia del mismo nombre, en el departamento de Tacna.

¿Cómo siendo yo víctima calificada en el genocidio de Canto Grande, habiendo sido aislado desde mi primer día de prisión, y habiendo sido trasladado a Yanamayo, herido de bala el 9 de mayo del año 1992, y aislado completamente durante el siguiente año, sin siquiera el derecho a ser curado en un hospital, puedo ser calificado, desde la óptica de la Fiscalía, como responsable de lo ocurrido en Tarata, Lima? ¿El haber supervivido al genocidio es mi grave responsabilidad? No hay responsabilidad directa ni mediata. En ese momento yo era víctima de la acción genocida del Estado.

Eso es todo por hoy.

29 Enero del 2014.


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Osmán Morote Barrionuevo

Piedras Gordas, Ancón 1

RESPUESTA AL INQUISIDOR GALINDO

RESPUESTA AL INQUISIDOR GALINDO

El actual proceso judicial que se ha abierto contra los dirigentes del PCP por el caso Tarata no es más que una acción política del Estado enmarcada en su campaña de persecución contra los prisioneros políticos por haberse rebelado contra el sistema de opresión y explotación, es decir, por haber dirigido la guerra popular, el hecho político de mayor trascendencia de la historia del Perú que remeció los cimientos de un Estado que solo sirve a los explotadores.

A sabiendas de que ya les corresponde salir en libertad por cumplimiento de pena a los prisioneros políticos Osmán Morote y Margot Liendo, las clases dominantes han abierto un nuevo proceso. De esta manera, a través de su funcionario el procurador Julio Galindo, se viene señalando una serie de infundios contra la Jefatura del PCP y sus dirigentes, que es necesario responder:

Este funcionario, muy suelto de huesos, ha señalado: “Nuestro propósito es que se emita el auto apertorio de instrucción con mandato de detención porque eso es lo que legalmente corresponde”.  Pretende revestir de “democrático” lo que es a todas luces una acción política de persecución, por cuanto los prisioneros políticos ya están condenados por el Estado, y a otros ya les corresponde su salida; sin embargo, con la apertura de este proceso se les niega lo que la misma ley establece, su libertad por cumplimiento de pena. Ese es el real propósito de este funcionario y de la prensa servil a los intereses de la gran burguesía y de las clases dominantes.

Guiado por su odio visceral contra el PCP y su Jefatura, este funcionario dice: "Todos merecen ser condenados por este hecho” Es decir, él ya condenó pasando por encima del mismo proceso, creyéndose juez y parte. ¿Qué de democrático tiene este inquisidor? Nada. El Presidente Gonzalo ya está condenado por haber dirigido la guerra popular, más aún siempre ha reconocido su responsabilidad principal en la dirección del PCP; sin embargo, el caso Tarata es tan solo el pretexto para atizar el odio contra los comunistas dentro de la campaña reaccionaria de persecución política por ideas, por plantear una solución política, amnistía general y reconciliación nacional, pues se pretende evitar a toda costa que los comunistas salgan en libertad, y no les interesa violar sus mismas leyes para conseguir sus objetivos.

Además el inquisidor dice: "En Sendero Luminoso nadie puede tomar acciones por su cuenta y riesgo, el Comité Central que presidía Guzmán tiene que haber ordenado acciones, por eso les corresponde la cadena perpetua como autores mediatos". Pura palabra sin fundamento. El PCP oficialmente ha planteado que su Dirección, el Comité Central, no dispuso la acción de Tarata, que ese hecho fue un error político y ha pedido disculpas a las víctimas. A eso se agrega que Osmán Morote y Margot Liendo, a quienes se busca aplicar la cadena perpetua, estaban detenidos desde 1988. Y no existe ni la más mínima prueba de que los dirigentes centrales hayan dispuesto esa acción. Más aún, el caso Tarata fue juzgado llegando la policía “a la conclusión de que el atentado fue planificado y ejecutado por los destacamentos especiales 12, 15 y 18 de la Dirección Zonal Centro del PCP-SL” y sus autores fueron sentenciados a cadena perpetua y otras drásticas penas en agosto del año 1998. Por tanto está clarísimo que el nuevo caso Tarata es parte del plan político de persecución al PCP para impedir libertades.

Pero ni Galindo ni nadie podrán negar los derechos fundamentales que la clase y el pueblo necesitan conquistar, así como sus beneficios y libertades. Eso es lo que realmente les preocupa a los reaccionarios, el avance del pueblo en la conquista de sus derechos. Los comunistas tarde o temprano saldrán en libertad, y ni la campaña reaccionaria ni los servidores del imperialismo podrán evitar que se haga realidad.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Febrero 2014

EN RESPUESTA A JOHN CARO

EN RESPUESTA A JOHN CARO

Las últimas declaraciones del Gral. PNP John Caro (difundidas en el canal 7), obligan a una necesaria respuesta:

Es lamentable que el Gral. Caro no haya siquiera leído el informe del Ejército Peruano sobre la guerra en el Perú, pues el propio ejército afirma que es exactamente eso lo que ha ocurrido: una guerra, una “conflagración”, una “guerra contra el Estado”, una “guerra fratricida”.

Para el PCP y para muchos hijos del pueblo peruano, esta guerra interna ha tenido el carácter de guerra popular y ha significado el movimiento social revolucionario más trascendente de la historia peruana para transformar la sociedad en beneficio del pueblo.

Y es absolutamente falso que hayan habido, de parte del PCP y sus fuerzas guerrilleras, “ataques indiscriminados” a las masas; ni en el campo ni en la ciudad ha sido así. Pero el Gral. Caro aplica la táctica fascista de “miente, miente que algo queda” imputando que las fuerzas revolucionarias mataban gentes en cines y en restaurantes, cuando no ha habido un solo hecho de este tipo durante la guerra popular, y no se puede solo mentir aprovechándose que ya pasaron 21 años del término y que sus dirigentes presos no pueden defenderse así como ningún otro miembro o combatiente de la guerra popular lo puede hacer, pues aún existe persecución política y no se quiere que la verdad de ambas partes se debata abiertamente, lo que sería más sano para la sociedad peruana y para una reconciliación nacional que el Gral. Caro por supuesto no busca ni desea porque sigue viviendo de sus mentiras sobre la guerra en el Perú.

Tampoco es cierto que el PCP buscara “un millón de muertos” para entrar al Equilibrio Estratégico, y que Tarata fuera el “comienzo de una nueva etapa para entrar al Equilibrio Estratégico”, como afirma con tanta desinformación y desvergüenza. Sigue siendo lamentable que no haya prestado atención a los informes oficiales del propio Ejército Peruano y demuestre tanto desconocimiento sobre la teoría militar. Así olvida que un proceso de guerra tiene etapas y va de la defensiva al equilibrio y de ahí a la ofensiva. No es que el PCP definiera “entrar al Equilibrio Estratégico” y para ello desenvolver determinadas acciones sino que fue la propia dinámica interna de desarrollo de la guerra la que llevó a ese momento de Equilibrio Estratégico; el PCP lo único que hizo fue constatar que a fines del 90 y el 91 se había llegado a ese momento y lo que ello significaba para ambas colinas: para el Estado, recuperar posiciones para mantener su sistema; y para el PCP, desarrollar la guerra popular para construir la conquista del Poder. Y se trataba de un momento decisivo como lo mostró el desarrollo posterior que lamentablemente para el pueblo definió el Equilibrio Estratégico a favor de la reacción y en contra de la revolución.

Tarata fue un hecho que lamentablemente ocurrió, sí, pero, como lo ha reconocido oficialmente el PCP, fue un error, no fue planificado ni organizado por el Comité Central ni la Dirección Central del PCP, ni tampoco los organismos de dirección que ejecutaron esa acción lo planificaron así, como ya ha sido definido incluso en el proceso judicial sobre el caso Tarata, Exp. N° 73-95. Y el Gral. en su entrevista incluso tiene que admitir que tal no fue el blanco de esa acción.

¿Por qué vuelven, 21 años después, a judicializar el caso Tarata si éste ya ha sido llevado a juicio y hasta hay sentencia sobre los que consideraron autores o responsables directos? Simplemente por objetivos políticos, de desprestigiar al PCP y sus dirigentes, porque como el mismo Gral. reconoce, temen que el pensamiento gonzalo prenda mucho más en la mente de los jóvenes y el corazón del pueblo. Y en lo inmediato el objetivo es impedir la libertad de los dirigentes que ya cumplieron su condena. Pues el Estado viene desenvolviendo como estrategia legal el perseguir con el cobro de las reparaciones civiles y abrir nuevos juicios para hundir en prisión por siempre.

Y a falta de argumentos políticos, una vez más, en vez de proponer un debate ideológico, se organiza juicios inútiles, y con orfandad ideológica y política solo se recurre a diatribas y a generar el odio entre peruanos. Pero toda sociedad que ha atravesado por una guerra civil tiene necesidad de entrar a una etapa de reconciliación nacional, y eso no se conseguirá con estos juicios con tales razones reaccionarias opuestas a la reconciliación y al camino del pueblo.

Finalmente, la CVR con su informe final, no ha cumplido el objetivo de servir a la reconciliación nacional que su propio nombre indica como meta, y la opinión del Gral. Caro sobre la CVR no hace sino demostrarlo. Lo que se sigue haciendo evidente es la necesidad de una Amnistía General que conduzca a una Reconciliación Nacional, que además serviría a ambas partes de la guerra y principalmente a toda la sociedad peruana, a su desarrollo, echando el fardo que aún lleva de los problemas no resueltos de la guerra (lo que el Gral. Caro se niega a ver) y por supuesto serviría al pueblo peruano.

Enero 2014

CASO TARATA: NUEVO PLAN POLÍTICO REACCIONARIO DE PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LOS DIRIGENTES Y MILITANTES DEL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ

Nuevamente la reacción peruana, el Estado de las clases dominantes y su gobierno derechista encabezado por Ollanta Humala, en su odio y venganza contra los comunistas y revolucionarios, han afilado sus cuchillos de carniceros y armado un nuevo plan político para seguir denigrando al jefe maoísta de la revolución peruana, el doctor Abimael Guzmán Reinoso, a los dirigentes y militantes del Partido Comunista del Perú e impedir la libertad de quienes ya han cumplido su pena carcelaria y les corresponde salir en libertad. 

Recordemos que en el llamado Megaproceso ya se juzgó a la Dirección del PCP por todos los hechos de la guerra interna desde 1980 hasta el 2000 y se sentenció con cadena perpetua a sus máximos dirigentes. Y el juicio del caso Tarata ocurrido hace cerca de 22 años, ya se realizó también hace tiempo concluyendo con la sentencia de los autores de ese hecho. Sin embargo hoy ese caso es reabierto en forma totalmente ilegal con el propósito de seguir difamando al PCP e impedir libertades. El propio Procurador Julio Galindo cuando en el 2013 se armó apresuradamente el caso Soras para impedir la libertad de Osmán Morote y Margot Liendo declaró a los 4 vientos: “Ese es un gran logro de la procuraduría porque aquí lo evaluamos y lo impulsamos como estrategia de lucha contra el terrorismo.” Pero su inventado plan Soras no les resultó bueno pues los sucesos ocurrieron en 1984, hace casi 30 años, y en ese entonces la pena máxima era 25 años, tiempo que los dos prisioneros ya habían cumplido en prisión por lo que de todos modos tenían que ser liberados. Ante eso tuvieron que montar el caso Tarata ocurrido en 1992, luego que el gobierno de Fujimori aprobara la cadena perpetua con el golpe institucional del 5 de abril de 1992. 

Así quedan muy claros los objetivos de la reacción peruana: denigrar al PCP y sus dirigentes, infamar la guerra popular e impedir libertades, como escarmiento para que el pueblo nunca más se rebele contra el hambre y la explotación. ¡Lo rechazamos totalmente y salimos en defensa del Presidente Gonzalo, del PCP y su Dirección! ¡Defendemos la guerra popular, el más grande movimiento social revolucionario de la historia peruana! ¡Condenamos la persecución política contra los marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo! ¡Lucharemos siempre por la libertad del Presidente Gonzalo y los presos políticos del Perú! ¡Demandamos Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional!

Con inmensa alegría saludamos al Presidente Gonzalo, invicto en sus convicciones comunistas, saludamos a la camarada Míriam y al PCP, vanguardia organizada del proletariado peruano. Llenos de emoción revolucionaria los hemos visto optimistas y firmes pese a las durísimas condiciones de prisión, íntegros en su moral comunista y en su servicio al pueblo de todo corazón. Su entereza indoblegable potencia nuestras convicciones y es ejemplo para los comunistas del mundo.

La guerra popular peruana terminó hace más de 21 años y lo que cabe hoy es una Amnistía General en función de una Reconciliación Nacional pues la guerra vivida fue un hecho político por excelencia. Y aunque la guerra revolucionaria fue derrotada, ya los comunistas y revolucionarios pagamos con largueza la prisión inhumana que nos impusieron y hoy hemos asumido la lucha política en las nuevas condiciones de la sociedad peruana. ¡Basta de persecución política y represión contra el pueblo! ¡Repudiamos la acusación de narcotráfico con la que ahora pretenden enlodar al PCP! ¡No a la pretensión de mantener encerrados de por vida a los revolucionarios peruanos! ¡Rechazamos la persecución y constante hostigamiento a nuestros abogados Dr. Gamero y Dr. Crespo! ¡Abajo los embargos y arrebatamiento de bienes a nuestros familiares!

Nuestro querido y respetado Presidente Gonzalo está próximo a cumplir los 80 años de edad, una vida dedicada completamente al proletariado y pueblo peruanos y a la revolución proletaria mundial. Hoy más que nunca debemos luchar por defender su salud, su vida y conseguir su libertad. Los prisioneros políticos y de guerra peruanos demandamos a todos los comunistas y revolucionarios del Perú y del mundo a intensificar la lucha por la libertad del Presidente Gonzalo. Su libertad es un derecho, incluso en su forma de deportación.Y junto a la de él, luchar por la libertad de la camarada Míriam y la de todos los presos políticos del Perú y del mundo.

¡DESENMASCARAR Y RECHAZAR EL CASO TARATA!

¡ABAJO LA PERSECUCIÓN POLÍTICA A COMUNISTAS Y REVOLUCIONARIOS!

¡LIBERTAD AL PRESIDENTE GONZALO!

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PERÚ Y EL MUNDO!

¡SOLUCIÓN POLÍTICA, AMNISTÍA GENERAL Y RECONCILIACIÓN NACIONAL!

Enero 2014

¿QUIÉN RESPONDE POR MANTENERME ILEGALMENTE EN PRISIÓN HABIENDO CUMPLIDO HACE 220 DÍAS MI CONDENA DE 25 AÑOS?

¿QUIÉN RESPONDE POR MANTENERME ILEGALMENTE EN PRISIÓN HABIENDO CUMPLIDO HACE 220 DÍAS MI CONDENA DE 25 AÑOS?

En diligencia llevada a cabo el 14 de enero del presente año por el Caso Soras, la Fiscalía pretendió que se admita como prueba en mi contra y de mis coinculpados el reportaje de Cuarto Poder del canal 4 emitido el 4 de noviembre del 2012.

Ante la falta de elementos que prueben los hechos imputados dicha institución pretende usar ese montaje periodístico, donde se recurre a la teatralización y simulación de los supuestos hechos y una serie de imprecisiones en tiempo, lugar e identidad de los entrevistados y en el cual tampoco se me incrimina.

Una vez más se evidencia el claro objetivo de este proceso de mantener por siempre presos a los dirigentes del PCP y en especial a quienes debimos de salir en libertad el 11 de junio del 2013. Ya llevo 220 días de prisión arbitraria.

18 de enero 2014 

MARGOT LIENDO GIL

¿UN REPORTAJE PERIODÍSTICO PUEDE CONSTITUIR UNA PRUEBA JUDICIAL?

El martes 14 de enero del 2014 se llevó a cabo la diligencia de visualización de un reportaje periodístico del programa “Cuarto Poder” del canal 4 – América Televisión, presentado como supuesta prueba por la Fiscalía, en el caso Soras, Exp. 00013-2013.

En la diligencia los abogados defensores formularon oposición, rechazando que ese video propalado por el canal 4, propiedad del grupo El Comercio, sea incorporado como medio de prueba al proceso, por ser una prueba prohibida, porque se trata de un montaje periodístico donde se intercala la teatralización y simulación  de supuestos hechos con algunos testimonios supuestamente de familiares pues no se precisan sus nombres, ni se menciona el lugar ni la fecha en que los periodistas se acercaron a entrevistar a los campesinos y pobladores visualizados, pues sólo aparece la fecha de emisión del reportaje, el 4 de noviembre 2012; por lo tanto, no hay certeza en el tiempo, ni en el lugar, ni en la identidad de las personas que aparecen en las imágenes. Además que, en ninguna parte del video se visualiza a alguien que incrimine a alguno de los procesados. Además que en el video se confunden hechos ficticios con supuestos hechos reales y en otros pasajes se observa personas que hablan pero no se les pone el audio, lo que podría hacer pensar que dichos audios habrían sido manipulados pues no podrían beneficiar a la defensa; todo ello viciaría la prueba, pero lo principal es que este video es una prueba impertinente por lo cual ha sido muy acertada la contundente oposición de la defensa de los procesados, quienes resaltaron los fines políticos y mediáticos con que se hizo dicho reportaje periodístico para causar conmoción en la opinión pública y que pretende ser introducido como prueba por la Fiscalía ante la carencia de verdaderas pruebas pues el caso Soras carece de fundamento legal y jurídico.